SISTEMA DE PENSIONES EN CENTROAMÉRICA

Los países de la región deben tomar medidas urgentes para garantizar una protección social más incluyente que permita bienestar económico y social.


En su informe “El reto de la cobertura pensionaria en América Latina”, la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) indica que la cobertura pensionaria en América Latina solo cubre al 40% de los trabajadores, lo que supone que 130 millones de personas no cuentan con protección para la vejez.

A nivel mundial los sistemas de pensiones enfrentan diversos desafíos, entre ellos elevar las tasas de sustitución o reemplazo y hacer sostenible fiscal y financieramente el pago de las pensiones. A su vez, lograr una mayor eficiencia en el manejo de los recursos generando más “valor por el dinero” a los ahorradores.

AFP EN AMÉRICA LATINA

Los fondos de pensiones se fundamentan en las disposiciones de las leyes de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de cada país. En las décadas de los ochenta y noventa se ejecutaron reformas en los sistemas previsionales en gran parte de la región. Éstas permitieron mejorar la posición fiscal de los países que las implementaron de acuerdo con criterios de sostenibilidad e incremento del bienestar con las características propias de cada país. Las reformas partieron de los sistemas de reparto y transitaron a sistemas de contribución definida en cuentas individuales para superar las crisis nacionales de los sistemas existentes hasta ese momento.

En un informe, la Superintendencia de Pensiones de República Dominicana resume que en “dichas reformas ha predominado una competencia entre dos objetivos: primero, incrementar la cobertura a través de las llamadas ‘pensiones no contributivas’; segundo, asegurar la cobertura futura a partir de ampliar la participación a la seguridad social contributiva”.

El avance regional se evidencia en las estadísticas de la AIOS a junio de 2017, en donde “los fondos de pensiones de América Latina acumularon más de US$503.000 millones de dólares, equivalentes al 25,2% del PIB de la región. En los últimos diez años, se ha verificado un incremento de 9,4% en la referida relación fondos/PIB”.

ENTORNO REGIONAL

En Centroamérica, Panamá y República Dominicana existen veinte administradoras privadas de fondos de pensiones. La nación con más AFP es República Dominicana con siete entidades privadas. Costa Rica con seis, Honduras, tres, y Panamá y El Salvador tienen dos cada uno. Guatemala y Nicaragua carecen de legislación general que habilite el funcionamiento de AFP privadas.

En Costa Rica, Popular Pensiones es la que más patrimonio de sus afiliados acumula, alcanzando US$3.511,6 millones en 2017, aumentando en un 12,49% respecto al 2016. Los activos de la empresa acumularon US$32,1 millones. La AFP BN Vital del Banco Nacional de Costa Rica se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional, con US$1.994,1 millones acumulados en patrimonio de sus afiliados y activos por US$14,9 millones. Son dos las AFP privadas en El Salvador. AFP Confía, parte de Grupo Financiero Atlántida de Honduras, es la más grande, sumando activos por US$39,9 millones el año pasado. El patrimonio acumulado por los afiliados alcanzó US$5.366,5 millones en 2017. En tanto, AFP Crecer logró US$4.799,6 millones en patrimonio para sus afiliados, con activos que sumaron US$39,1 millones.

En Honduras existen tres AFP privadas. AFP Atlántida, fundada en 1998, fue la primera en el país. Al 2017 alcanzó un total de US$405,1 millones en patrimonio de aportaciones voluntarias de sus afiliados. Sus activos fueron de US$30,7 millones, más de seis veces mayor que lo acumulado por BAC Pensiones, y casi diez veces superior a los activos de Ficohsa Pensiones y Cesantías.

Panamá, al igual que El Salvador, tiene dos AFP privadas. Profuturo APFC logró US$318,6 millones en patrimonio de aportaciones voluntarias de sus afiliados, y sumó US$27,2 millones en activos. El patrimonio acumulado por los afiliados de Progreso AIFPC fue de US$218,6 millones.

AFP Popular de República Dominicana fue la que más acumuló en patrimonio de sus afiliados en 2017, sumando US$2.973,5 millones, seguida por AFP Scotia Crecer que alcanzó US$2.041,3 millones.

AFP Atlántico de República Dominicana fue la que más creció en número de afiliados, aumentando en un 164,68%. Asimismo, fue la empresa que más hizo crecer el patrimonio de sus afiliados, incrementando en un 142,43% respecto al 2016.

Las empresas más grandes se encuentran en República Dominicana. Encabeza la lista la AFP Popular con US$119,6 millones en activos a diciembre 2017. Le sigue AFP Siembra con US$84,9 millones, AFP Reservas con US$53,1 millones y AFP Scotia Crecer con US$51,3 millones.

Las AFP con mayor cantidad de afiliados fueron AFP Crecer, de El Salvador con más de 1,6 millones de afiliados; Popular Pensiones, de Costa Rica, con más de 1,5 millones de aportantes; y AFP Confía, también de El Salvador, con más de 1,4 afiliados.

Ver en Tamaño Completo

PREVISIÓN SOCIAL PARA TODOS

Ampliar la cobertura de seguros es una prioridad de las AFP y los gobiernos de la región. El responsable ejercicio de las funciones de las AFP es indispensable para la seguridad de las aportaciones de sus afiliados. La legislación juega un papel importante en la regulación de las inversiones del patrimonio de los aportantes que a lo largo de sus vidas se preparan para su jubilación, fallecimiento, o una posible invalidez, y dependencia.

República Dominicana

El sistema de pensiones de tiene una cobertura universal a través de la integración de tres regímenes: contributivo, subsidiado y contributivo subsidiado. El marco legal está amparado por la Ley 87-01, el Decreto Presidencial No. 969-02, y las demás normas complementarias emitidas por la Superintendencia de Pensiones, el Consejo Nacional de Seguridad Social y la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión.

“Al 31 de diciembre de 2017 solo el 47,6% de los afiliados estaba efectivamente realizando aportes y cotizando. El Sistema de Pensiones Dominicano se financia con una cotización total obligatoria mensual de un 9,97% del salario cotizable del afiliado, distribuido de la siguiente forma: un 2,87% a cargo del afiliado, un 7,10% a cargo del empleador. En adición a lo anterior, el sistema prevé la posibilidad de que se efectúen aportes voluntarios ordinarios y extraordinarios, para aumentar el monto de pensión”, dice Eduardo J. Grullón, presidente de la AFP Popular.

El 8% de contribución a las cuentas individuales hoy día no es suficiente. Las propuestas de sistemas similares van de 12% a 15%. Los retos que enfrenta el país en relación a la seguridad social y económica del jubilado es incentivar el ahorro voluntario, debido a que la baja densidad de cotizaciones, la evasión, la baja tasa de contribución y el aumento de las expectativas de vida harán que los afiliados deban financiar más años de pensión y, por lo tanto, tendrán que ahorrar más. “Se requiere una mayor diversificación de los portafolios de inversión y que el mercado genere los instrumentos capaces de cana lizar ese ahorro hacia sectores productivos”, específica Grullón.

Costa Rica

Según el Banco Mundial, Costa Rica, Chile y Uruguay son los tres países con mayor cobertura de pensiones como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA), el 43% de la fuerza laboral a finales de 2016. Las leyes 7523 y 7983 son las más importantes en relación con el régimen obligatorio de pensiones complementarias (ROP) y régimen voluntario de pensiones complementarias (RVPC) de este país.

Álvaro Ramos, Superintendente de Pensiones de Costa Rica, indica que después de un proceso de evaluación ante la recomendación de la Secretaría del Grupo de Trabajo sobre Pensiones Privadas, el Comité de Seguros y Pensiones Privadas acepta que en esta materia Costa Rica cumple con los instrumentos de OCDE, que constituyen lineamientos sobre sanas prácticas a los cuales se han adherido importantes economías mundiales. Los mismos deben seguirse cumpliendo.

El reto que enfrenta el país será el manejo sobre el entorno de bajas tasas de interés, concentración de los portafolios de inversión, bajas tasas de cotización para pensiones, sector informal, problemas de diseño y expectativas de suficiencia, así como problemas de solvencia de algunos regímenes del primer pilar o básicos.

Panamá

El Sistema de Pensiones está conformado por múltiples regímenes, de características diferentes en su administración, diseño, obligatoriedad y población objetivo. El régimen general es administrado por la Caja de Seguro Social y cubre obligatoriamente a todos los trabajadores del sector privado y público que se desempeñan en Panamá, ya sean nacionales o extranjeros, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia. Las administradoras de fondos de pensión operan el sistema privado que es complementario al obligatorio.

Marelissa Quintero de Stanziola, Superintendente del Mercado de Valores de Panamá, evidencia que se enfrenta a grandes retos, entre ellos el crear concientización por parte de las empresas en la constitución de los fondos de cesantía para garantizar el pago de las prestaciones de sus colaboradores. “Urge mejorar el rendimiento de las inversiones, lo que tendrá una repercusión positiva en los rendimientos o rentabilidades de los recursos que se encuentran en los fondos de jubilación y pensión, así como crear concientización en los empleadores, a fin de evitar la evasión del pago de la cuota obrero patronal”.

Honduras

Rigoberto Osorio, Superintendente de Valores y Pensiones de la Comisión Nacional de Banca y Seguros dice que el Sistema de Pensiones Público y Privado en Honduras se rige por lo establecido en los artículos 142, 143 y 144 de la Constitución de la República, así como por las disposiciones contenidas en la Ley Marco del Sistema de Protección Social. El reto más importante que tiene el país es el de ampliar la cobertura del sistema previsional nacional a la mayor parte de sus ciudadanos, en virtud que actualmente solo un 5% de la población económicamente activa del país aporta a un fondo de previsión social.

Adicionalmente, Honduras se encuentra en el proceso de elaboración y aprobación de una nueva legislación para el Instituto Hondureño de Seguridad Social, una nueva Ley de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, así como la emisión del marco normativo y regulatorio derivado de esta Ley.

El Salvador

El primer sistema de pensiones contributivo se fundó en 1969, mientras que el sistema de pensiones no contributivo se creó recién en 2009, a raíz de la crisis financiera internacional. En 2017, el sistema de pensiones de El Salvador se reformó tras un debate de más de veinte meses en la Asamblea Legislativa. El Gobierno pretendía establecer un sistema mixto de pensiones, pero la reforma aprobada mantuvo el sistema de capitalización con algunas modificaciones.

“La reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2017 se basó mayoritariamente en el proyecto presentado por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones y los partidos de la oposición. Esta mantiene el sistema de capitalización individual y crea un fondo de ahorro colectivo, Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) para financiar, entre otros, los beneficios de la pensión mínima y la pensión de longevidad. Se crearon cuatro multifondos, separados según el nivel de riesgo de las inversiones, denominados: crecimiento, moderado, conservador y especial de retiro. La nueva CGS se administrará en el fondo conservador”, explica el Informe “Panorama Social de América Latina 2017”, de la CEPAL.

Se generó un aumento de la cotización del 13% al 15%, distribuido en un incremento del 1% para los empleadores, de manera que su cotización llega al 7,75%, y en un adicional del 1% para los trabajadores, de modo que sus aportes alcanzan el 7,25%. “En 2018 se destinará el 8% a la cuenta de ahorro individual (la cotización de los trabajadores del 7,25% más el 0,75% de los empleadores), el 2% a las comisiones y seguros de las AFP (proveniente de los empleadores) y el 5% a la nueva Cuenta de Garantía Solidaria (CGS, proveniente de los empleadores)”, detalla el estudio.

Nicaragua

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al gobierno nicaragüense aumentar la edad de jubilación e incrementar el aporte mensual de los trabajadores y empleadores, entre otras medidas para evitar la quiebra del sistema jubilatorio en pocos años. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), única identidad de pensiones, informó mediante un comunicado que “la edad de jubilación y las semanas cotizadas necesarias para obtener una pensión en el INSS no van a ser cambiadas”. Sin embargo, el gobierno estableció un decreto estableciendo el cambio.

El FMI planteó que bajo las actuales políticas, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) seguirá presentando déficits y agotará sus reservas en efectivo para 2019, lo que podría requerir transferencias presupuestarias desde el Ministerio de Hacienda. En 2016 se estimó que el INSS sería solvente hasta el 2024.

Guatemala

El artículo 100 de la Constitución de República de Guatemala establece que el régimen de seguridad social es de carácter unitario y que su aplicación corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Actualmente, el país no cuenta con ley de carácter general que regule los fondos de pensiones privados.

Con la reciente publicación del libro “Del monopolio a la libertad: Una propuesta para reformar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)” de Alfonso Abril, coordinador del Proyecto de Reforma del Estado ProReforma, se generó una serie de propuestas para la discusión de la desmonopolización del IGSS, tanto en seguro médico como en pensiones. Siempre se mantendría la obligatoriedad, pero cada trabajador podría elegir entre permanecer en el sistema o trasladarse a uno de capitalización individual, con una empresa privada o AFP.

El estudio “Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe una perspectiva comparada” de la CEPAL advierte que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua tienen una brecha severa de bienestar, en contraste con las brechas modestas determinadas para Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Siendo urgente tomar medidas para garantizar una verdadera protección social más incluyente que permita bienestar económico y social a su población.