EL COSTO ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA

La seguridad privada como mecanismo de protección de inversiones y ciudadanos.


El incremento de la sensación de inseguridad, así como la generalizada percepción de ineficacia de parte de las instituciones encargadas del control y la prevención de los delitos ha generado una creciente demanda de servicios de seguridad privada en la región centroamericana.

La industria de la protección privada aumenta en la última década en respuesta al aumento de la violencia en la mayoría de los países de la región. Empresas de seguridad, de blindaje, de monitoreo electrónico, transporte de valores custodiado, patrullaje privado en las ciudades, acompañamiento de carga valiosa en carretera y la creación de áreas habitadas cerradas al paso del público, han sido mecanismos utilizados para disminuir los riesgos de convertirse en víctima. Un aumento de los seguros de transporte, robo y de recuperación del patrimonio en caso de delitos mayores, acompañan a una industria indispensable para vivir en áreas, que, en algún momento, han sido calificadas como las más peligrosas del mundo, excluyendo las zonas de guerra declarada.

La violencia ha crecido y los Estados se encuentran con limitadas capacidades para entender las causas, monitorizar la evolución y administrar las respuestas adecuadas que protejan efectivamente a la población.

Para Luis González Nogales, presidente ejecutivo del Instituto Centroamericano de Seguridad Privada (Incaspri), la seguridad privada crece por dos factores: el desarrollo económico, ya que el aumento de inversiones en infraestructura, negocios, entre otros, conlleva un componente de aumento de seguridad – en instalaciones, parte electrónica y recursos humanos–, y el factor de percepción de inseguridad de las empresas y personas en un país o en un territorio en particular, donde se destinan más recursos de lo normal en medidas extraordinarias de protección.

Respecto de la seguridad pública, diversas organizaciones miden la inversión en defensa y seguridad interior de cada país con respecto al PIB, población, empleo, educación, etc., generando indicadores agregados de gastos. Se hace comparaciones entre naciones, se reciben experiencias que se comparten, pero los negativos persisten.

Los datos que genera la industria de la seguridad privada escasamente se registran. Cantidad de hombres en las compañías de seguridad, vehículos blindados registrados, armas registradas legalmente por civiles. Los costos, tareas, zonas atendidas, tipos de clientes, riesgos cubiertos, no son objeto de estudios. Para los especialistas locales, es claro que “podemos inferir que Guatemala, El Salvador y Honduras son los países que más recursos están invirtiendo en el aumento de la seguridad privada”.

González precisa que la principal diferenciación de estos tres países con Nicaragua es el modelo propio y autóctono de filosofía policial y de estado que ha desarrollado. “La policía lo expresa en el concepto de modelo policial ‘Preventivo, proactivo y comunitario’,  el cual tiene su rasgo más importante en la fusión de la policía con diversas manifestaciones de organización desde el de nivel de barrio, de comunidades religiosas, de sectores empresariales, en el que obtiene una poderosa inteligencia y apoyo de base que permite una alta efectividad con recursos modestos”. Es el reconocimiento implícito de una sensación de mayor seguridad en Nicaragua, que en el resto de los países de la región.

El COSTO DE LA VIOLENCIA

La violencia costó a la región centroamericana no menos de US$85.351 millones en 2016, según los datos del Informe Índice de Paz Global 2017.

Se reconoce públicamente el peligro que representa la criminalidad en la región centroamericana. Causas múltiples, pero principalmente el narcotráfico, el micro tráfico, la guerra de pandillas y la inestabilidad social que causa la violencia. Los efectos son claramente visibles en los países del Triángulo Norte – Guatemala, El Salvador y Honduras. El gasto público destinado a contener las consecuencias de la violencia y el costo económico de sufrirla, tiene un efecto perverso en las economías de la región.

El informe destaca que el costo para contener la criminalidad es económicamente eficiente cuando efectivamente evita el crimen con la menor cantidad de gasto destinado a impedirla. Sin embargo, el gasto dedicado a “administrar el crimen y sus efectos no son productivos”, por lo que aun logrando un nivel óptimo de gasto contención para cada país, se convierten en un obstáculo para su crecimiento económico. Por lo tanto, es en el mejor interés de un país lograr el nivel correcto de asignación de recursos a áreas tales como las fuerzas armadas, policía, sistema de justicia y penitenciario, seguridad privada, etc., para un uso más productivo de las capacidades económicas de una nación. “Comprar armas y tanques no produce desarrollo”, repiten constantemente líderes religiosos y civiles pacifistas, sin una respuesta contundente respecto de las medidas posibles para controlar la criminalidad.

En cuanto al nivel de impacto en un país, los cálculos del informe incluyen el costo directo e indirecto de la violencia, así como un multiplicador económico. Los costos directos se relacionan con la víctima, el perpetrador y el gobierno, incluyendo los sistemas médicos, de capital, de seguridad o judiciales. Los costos indirectos incluyen las secuelas de un evento violento, como trauma físico y fisiológico a la víctima y pérdida de productividad, como salarios o negocios. El efecto multiplicador calcula la actividad económica adicional que se habría acumulado si se hubieran evitado los costos directos de la violencia.

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El indicador de Impacto Económico de Violencia del Índice Global de Paz estudia variables de costos relacionados a tres sectores: servicios de seguridad y prevención, conflictos armados, y violencia interpersonal. Entre otros, el primer sector agrupa gastos militares, gastos internos de seguridad, seguridad privada, y misiones de paz de las Naciones Unidas. El segundo abarca variables como los costos directos e indirectos de muertes por conflictos violentos internos y externos, importación de armas y terrorismo. El último sector se refiere a homicidios, y asaltos violentos y sexuales, entre otros.

empresas-seguridad-privada-centroamerica-rdSegún los datos, la violencia le genera a Guatemala el costo más alto en la región, equivalente a US$20.804 millones en 2016. Esta cifra aumentó en 6,2% desde 2014 cuando el costo fue de US$19.591 millones. En 2016, el costo de la violencia fue de US$1.248 per cápita. Aunque Guatemala es el país que más gasta en violencia, el impacto como porcentaje de su PIB, equivalente a 15,4%, es menor en comparación con sus países vecinos del Triángulo Norte.

El costo de la violencia de El Salvador alcanzó US$16.115 millones en 2016. Marcó un aumento de 62,0% en comparación con los US$9.950 millones registrados en 2014. El costo per cápita en violencia es el más alto de la región, con US$2.622. El costo total representó el 29,6% del PIB del país en 2016, la segunda proporción más grande de los países de la región.

En República Dominicana el costo económico de la violencia ascendió a US$15.540 millones, cifra igual a 9,9% del PIB del país. Es el único país de la región que logró una disminución en costos respecto al 2014, cuando alcanzaron los US$19.328 millones. Esto es equivalente a una caída de 19,6%. El país caribeño gastó US$1.540 per cápita en temas de violencia.

Honduras es el país centroamericano con el mayor impacto económico de la violencia como porcentaje de su PIB, y el sexto a nivel mundial. Gastó US$14.706 millones en 2016, cifra equivalente a 33,4% de su PIB. El costo per cápita fue de US$1.716. El informe sugiere que en los últimos años las autoridades hondureñas han estado progresando en temas de seguridad en el país, centrándose en el terror político, contribuciones financieras a las misiones de paz de la ONU y el impacto del terrorismo. Sin embargo, los puntajes de indicadores como la tasa de homicidios siguen estando entre los más altos del mundo. Al igual que otros países del Triángulo Norte, Honduras ha estado plagada de problemas con la violencia relacionada con pandillas y narcóticos, así como conflictos políticos con El Salvador en relación con el Golfo de Fonseca. Al 2016, el costo de la violencia aumentó en 2,7% respecto a los US$13.702 millones que sumó en 2014.

Panamá gastó US$9.425 millones en violencia en 2016, cifra que representó el 10,2% de su PIB. Aunque fue menor en comparación con los países del Triángulo Norte y República Dominicana, fue el segundo más alto de la región en términos de gastos per cápita, con US$2.307. El costo aumentó un 24,3% en comparación con 2014, cuando el país gastó US$7.582 millones.

Costa Rica es el país de la región con el menor costo económico de la violencia como porcentaje de su economía. Los US$6.243 millones que gastó en 2016 representaron el 7,8% de su PIB. Per cápita, el costo ascendió a US$1.271 el año pasado. Es notable que respecto al 2014, cuando el país gastó US$4.370 millones, el valor aumentó en 42,9%.

El impacto económico de la violencia fue significativamente menor para Nicaragua en comparación con otros países de la región, especialmente en términos de la cantidad del monto pagado: US$3.147 millones. Esta era equivalente al 9,4% de su PIB. El costo económico per cápita era igual a US$496, la cifra más baja de la región. El país observó un aumento del 9,7% en el costo de la violencia en comparación con 2014.

Contrastantemente con la región, el costo económico de la violencia a nivel mundial fue de US$14,3 billones en 2016, y representó el 12,6% del PIB mundial. Per cápita, el costo fue de US$1.953.

DEMANDA DE SERVICIOS

González Nogales indica que la vigilancia física es la que realmente incrementa el costo de los servicios de seguridad privada. La percepción de las empresas y personas con respecto a su seguridad las hace preferir una persona física para un control de accesos antes que la tecnología. “El otro factor es la escasa cultura de los empresarios en la realización de estudios de vulnerabilidad. Esto hace incrementar la necesidad de instalar medidas de protección extra cuando las operaciones están en marcha. Por ejemplo, realizar construcciones con excesos de accesos y puntos débiles en sus instalaciones”.

agente-seguridad“En nuestra experiencia, la mayor demanda está orientada hacia los servicios de seguridad de instalaciones físicas mediante oficiales de seguridad con alto nivel de entrenamiento en seguridad preventiva, reactiva y atención al cliente. También demandan la seguridad electrónica, debido a los avances que en este apartado se ha tenido a nivel mundial”, afirma Mario Alexander Álvarez, director de la empresa Security SIS.

Álvarez comenta que el auge de la seguridad ciudadana y empresarial aumentó en estos últimos años debido al problema del crimen organizado, delincuencia común, y, particularmente, por el establecimiento de grupos de asociación ilícita para delinquir (maras). Éstos incrementaron considerablemente los índices de violencia en Honduras al grado de considerar al país como uno de los más violentos en el mundo, con cifras que iban desde 86,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir cada 73 minutos se cometía un homicidio o asesinato.

“En materia de seguridad considero que el riesgo es la alta probabilidad de siniestros en cualquier ámbito y país. Como empresa hemos tratado de minimizar riesgos aplicando políticas de prevención y combate de ellos en su origen, de tal manera que nuestro objetivo es establecer planes de prevención que permitan que nuestros clientes y personal se sientan confiados, resguardados y respaldados, ofreciéndoles alternativas de solución en caso de eventualidades”.

DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA

El reto principal es el de estandarizar y actualizar las leyes de regulación y control de las empresas de seguridad privada en la región. A excepción de República Dominicana, todos los países de la región cuentan con leyes que regulan la seguridad privada. La Ley de los Servicios de Seguridad Privada existe en El Salvador desde el año 2000. El último país en decretar una ley que regule el sector fue Nicaragua, haciéndolo en julio de 2015.

Rodolfo Muñoz Piloña, presidente de la Federación Centroamericana de Seguridad Privada (Fedecasp), determina que es necesario que las entidades gubernamentales vean que la seguridad privada es parte de la solución a los problemas de inseguridad. Considera que no deben cargar a éstas empresas con más impuestos, “pues le limitan al ciudadano el acceso a sus servicios. Por ejemplo, los servicios de seguridad hacia personas y empresas, que es la parte más costosa de la operación y que tienden a elevarse por la doble tributación que tienen que pagar las empresas de seguridad privada en algunos países”. A los ciudadanos, les recomienda que contraten empresas debidamente legalizadas, pues de lo contrario les abren las puertas a personas o empresas informales.

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MECANISMOS DE MEJORA CONTINUA

Las acciones conjuntas a nivel regional que realiza la Fedecasp y el Incaspri son la convocatoria anual a congresos de seguridad privada en los diferentes países del área, en donde se exponen las últimas tendencias del mercado y se presentan exposiciones de tecnología que permiten a los empresarios del rubro actualizar sus conocimientos. Realizan también ponencias sobre la sobre legislación referente a la temática en Latinoamérica y la realización de estudios comparativos en este y otros temas, como estructuras de costos, y la asesoría en estos aspectos a asociaciones y empresas que lo requieren.

“El Incaspri, desde hace 15 años, ha contribuido a organizar las Expo Seguridad Centroamericana, y a partir del 2012 los Congresos Centroamericanos de Seguridad Privada. Asimismo, en el área de las tecnologías hemos desarrollado herramientas de software con acceso en la nube a través de los diferentes dispositivos para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que prestan servicios de seguridad, como el sistema SIESPRI. Este es un software para la planificación, control y seguimiento de las operaciones, para el control de estacionamientos, para análisis de riesgos por el método Mossler y el método impacto/probabilidad, un software de cuadro de mandos (Balance Score Bar) para empresas de seguridad y nuestra aula virtual en línea”, dice González.

“Hemos participado como Federación activamente en la preparación de una Ley Marco que regule las actividades de la región con el Sistema de Integración Centroamericana a través de Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras”, informa Muñoz  Piloña.

También algunas empresas de la región se capacitan de manera individual. “Nuestra empresa genera alrededor de mil empleos permanentes en Honduras, las cuales son capacitadas constantemente en temas de seguridad, servicio al cliente, respeto por los derechos humanos, actualización de tecnologías de seguridad, procesos y políticas internas, motivación y desempeño profesional, primeros auxilios, entre otros”, manifiesta Álvarez.

TENDENCIAS MÁS INNOVADORAS

El área de seguridad electrónica es donde se ha percibido un mayor desarrollo. Las últimas tendencias utilizadas en la región y a nivel mundial están orientadas a la sustitución del recurso humano por el tecnológico, de manera que se busca emplear menos personal, pero con mayor grado de conocimiento.

Dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras permitirán a los proveedores de servicios de seguridad simplificar sus procesos y con un tan solo clic controlar accesos, monitorear instalaciones, flotas, ubicar objetivos, neutralizar software maliciosos o ciberataques. “Como parte de las nuevas tecnologías están los controles de accesos para objetos materiales e inmateriales, arcos de detección de metales, rayos x, ondas milimétricas, sistemas de inspección visual y de lectura de vehículos, drones, lectores biométricos y no biométricos, sistemas inteligentes de video, sistemas de grabación CCTVIP, barreras de infrarrojos, barras de microondas, microfónico, detectores de vibraciones inerciales, de intrusión, detectores magnéticos, sistemas de información, toma de decisiones, entre otros”.

También se ha presenciado a nivel de medianas y pequeñas empresas, y sectores residenciales de clase media, la incorporación de video vigilancia a través de dispositivos como smartphones y tabletas. Un aspecto que ha sido posible por la caída en precios de éstos equipos y el desarrollo de la conectividad al internet.