ATRAYENDO MÁS

Costa Rica reorienta esfuerzos para atraer servicios. En Nicaragua destaca capital hondureño en el sector bancario y farmacéutico. En El Salvador impulsan la aprobación de asociaciones público-privadas. Bufetes se reúnen para compartir experiencias apoyando la inversión.


 

E

n los últimos años se ha incrementado el esfuerzo de los gobiernos y la empresa privada para atraer inversión en varios países de la región. Las crisis políticas y económicas, la inestabilidad fiscal y cambios en los sistemas tributarios dificultan que estos proyectos se concreten. A esto se agregan los vaivenes de las condiciones económicas internacionales y las dosis de violencia que detienen o paralizan las iniciativas empresariales.

A pesar de estas circunstancias se dan cierres de transacciones y se deciden nuevas inversiones. El abogado hondureño Mauricio Villeda Jr, socio del bufete Gufa Law, expone que las legislaciones han sido claves en el fomento de la inversión local y extranjera en los distintos países de la región.  Considera que siempre hay espacios para promover los flujos de capital extranjero, siempre y cuando se cuente con la mejor asesoría en cualquier ámbito de acción de los negocios.

En Honduras, la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones y la Ley de Fomento al Empleo figuran entre las más novedosas e intentan simplificar trámites administrativos a las compañías interesadas. “Si uno cumple con lo estipulado se puede tener éxito en los proyectos”, refiere Villeda. Sin embargo, señala que los problemas de corrupción persisten, así como la violencia y la falta de seguridad jurídica en algunos casos.

“Como despacho miembro de LexMundi queremos demostrar que sí se puede aplicar la legislación actual de una manera ética. Así como está el mundo globalizado, Centroamérica debería estar más unida. Debemos aprovechar la coyuntura para hermanarnos más”, manifiesta, mientras se desarrolla la conferencia “Haciendo negocios en Centroamérica”, en Tegucigalpa.

En Costa Rica, la inversión en educación que ha hecho el Estado, ha generado interés hacia los servicios de valor agregado. “En el país no solo tenemos actividad de manufactura y maquila, sino de centros de asistencia técnica de varios niveles, así como los de investigación y desarrollo como en los casos de Intel y Hewlett Packard, explica Ricardo Güell, socio de la firma Facio & Cañas.

“Lo hemos logrado gracias a la estabilidad del país. Desde 1949 no tenemos ejército. Costa Rica es uno de los líderes de la atracción extranjera. Por eso promovemos la inversión e informamos sobre los beneficios que se le da a los inversores y las ventajas como país destino”.

No obstante, el abogado señala que se requiere más flexibilidad en las instituciones gubernamentales. “Que la Asamblea legislativa sea un poco más flexible, más ágil a la hora de discutir proyectos de interés y lograr que se aprueben”.

Consultado sobre la gran similitud en la región, Güell destaca la calidez de la gente y el orgullo de ser centroamericanos. De buscar el bien de la región, no solo del país. Además, observa un enfoque similar en el esquema de atracción de inversión, tratando de dar empleos y con mayores incentivos fiscales.

“Hay que darle garantía al inversionista de que su inversión estará protegida. En Costa Rica este es un tema que preocupa menos porque es la segunda democracia más estable y consolidada de América Latina. Tiene una larga trayectoria desde los años ochenta, recibiendo inversión extranjera y de empresas que han sido casos de éxito. Prueba de eso es que sigue creciendo”.

CONFIANZA REGIONAL

En Nicaragua, hay mucha confianza. Está respaldada en un crecimiento de 4,9% experimentado el año pasado y una cifra similar o un poco mayor para este año, según el Banco Mundial.

Fabiola Urbina, abogada asociada de Alvarado y Asociados, menciona la “fuerte presencia” de empresas de origen hondureño, especialmente en el sector bancario y farmacéutico.

Además, los incentivos fiscales que hay para el sector turismo. Por ejemplo, en los rubros de hotelería, restaurantes y alquiler de carros. “También tenemos incentivos atractivos en energía renovable, minas y zona franca”.

La Ley de Protección a la Inversión de Nicaragua da ciertas ventajas al empresario que invierte más de 30 mil dólares. “Puede registrar su inversión, tienelibre convertibilidad de moneda y libre repatriación de su capital o dividendo obtenido”.

Urbina considera que hay muchas similitudes en las legislaciones de la región. Sin embargo, nota una variación en los porcentajes del pago de impuestos y forma de constituir empresas.

Camilla Villafuerte, abogada salvadoreña de Romero Pineda & Asociados, dice que en El Salvador la expectativa está centrada en las asociaciones público-privadas que estarían siendo impulsadas una vez que se apruebe un proyecto de ley para incentivar esta modalidad.

“Estamos muy interesados en los megaproyectos y esperamos que al compartir la información hayan personas más interesadas. El Estado podría de cierta forma asociarse con inversionistas y trabajar en el mantenimiento de infraestructura e implementarlas”.

El sector turismo representa un potencial de crecimiento para El Salvador, según Villafuerte. “Se puede aprovechar en todo sentido. Un día puede estar en la costa, al mediodía en el volcán, en la montaña y en la noche en la ciudad. Por su espacio ofrece una variedad de panoramas en el mismo día”.

No obstante, la abogada explica que hay algunos sectores que están prácticamente en el abandono. “El sector agua ha quedado un poco fuera de la Ley de asociación público-privada. Hubo una iniciativa de implementarlo; pero no fue posible. Por ahí sí puede ser que estemos experimentando un vacío”.

SIN DISCRIMINACIÓN

Por su parte, Panamá ofrece un amplio margen de leyes con incentivos orientados a diversos sectores económicos. Se les denomina Leyes de Incentivo y Zonas Económicas Especiales, que comprenden normativas fiscales, laborales, migratorias y aduaneras.

La inversión extranjera en este país no necesita autorización previa, salvo para las que se acojan a los renglones de incentivos.

Un caso de éxito es la creación del Régimen Especial para la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM). Tiene la finalidad de promover la instalación y el funcionamiento de casas matrices o sedes regionales que permitan a las grandes corporaciones centralizar desde Panamá la coordinación de sus oficinas a nivel del hemisferio.

El principio fundamental de la citada Ley es la “no discriminación” entre la inversión nacional y extranjera; es decir, los foráneos tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales.

Sin embargo, la condición fundamental para acogerse a la normativa es que el empresario debe presentar un plan de inversiones que tenga un valor superior a los $2 millones.

En el artículo 8 se establece que a los inversionistas se les garantizará el régimen de estabilidad impositiva y jurídica de la que gozaban en el momento de su inscripción en el registro previsto.

En Panamá, el sector servicios y financiero es el que más atrae el interés del inversionista foráneo, especialmente por la estabilidad que impulsa el crecimiento económico más importante de la región. Este año sobrepasará el 6%, según las proyecciones de diferentes organismos internacionales.

En República Dominicana, el Estado reconoce la importancia de la inversión extranjera como fuente de generación de empleos y divisas. Se rige por el principio de convivencia de inversionistas, reconociendo la igualdad de derechos y obligaciones tanto para los nacionales como para los extranjeros en materia de inversión.

Los flujos de capital están regulados por las disposiciones de la Ley sobre Inversión Extranjera, que amplía las modalidades que puede adoptar la misma: aportes en moneda libremente convertible,aportes en naturaleza, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, así como aportes tecnológicos intangibles en marcas, patentes, asistencia técnica, gerencial y de franquicias.

Concuerdan los abogados en que este esfuerzo de atraer inversionistas requiere de leyes estables, sistemas tributarios justos y normativas transparentes.