CRISIS OLÍMPICA

cover-5Agosto 2016 | Edición No.5


CRISIS OLÍMPICA

 

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a exclusión de participar de algunos deportistas en los Juegos Olímpicos de Río por incumplir las reglas de la Agencia Mundial Antidoping ha sorprendido por sus alcances. Implican a un Estado de estar comprometido con prácticas de dopaje generalizado. A este señalamiento de prácticas corruptas gubernamentales, que excluyó a 67 atletas rusos, se suman los severos cuestionamientos a la organización de los juegos y las notorias deficiencias en la infraestructura y condiciones sanitarias.

Simultáneamente al desarrollo de los juegos, asistimos a una olimpiada política. El proceso de suspensión definitiva de la presidenta Dilma Rousseff, acusada de estar involucrada con la manipulación de las finanzas públicas, con la corrupción de Petrobras y con prácticas de obstrucción de la justicia, se ha convertido en una contienda que trasciende el ámbito parlamentario. Estos episodios están trasladando los enfrentamientos y acusaciones del Congreso y la Judicatura a las calles brasileñas, donde partidarios y detractores miden sus fuerzas y habilidades.

A nivel deportivo la naturaleza de la suspensión amenazó por convertir un acontecimiento que precisamente mide destrezas y fortalezas en un potencial conflicto político, similar al ocurrido en 1984, cuando la Unión Soviética boicoteó los Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles.

Se suma a este panorama, las acusaciones de corrupción de líderes políticos, sus familias y cercanos colaboradores en prácticamente toda América Latina. El periodista argentino Jorge Lanata, quien señaló a la familia Kirchner como el cerebro de un “mega entramado de corrupción estatal”, expresó que la expresidenta no puede despegarse del caso de José López. Un exministro de su gobierno y diputado al Parlasur que fue detenido a las puertas de un monasterio con 8,5 millones de dólares en efectivo.

Procesos judiciales relacionados con la nuera e hijo de la Presidenta chilena, investigaciones relacionadas con la exprimera dama de Perú y denuncias que afectan a funcionarios del Gobierno ecuatoriano y de PetroEcuador, salpican la administración del Presidente Rafael Correa. Casos de corrupción de exministros acusados en Colombia y la crisis venezolana se desarrollan en Sudamérica simultáneamente al evento olímpico.

Para ahondar esta crisis de magnitud olímpica, hace unos meses el fútbol mundial se remecía con las acusaciones de corrupción y soborno de gran parte de los principales dirigentes de la FIFA y de los líderes de las federaciones de Centro y Sudamérica. Alrededor de una docena de personas –algunos confesos- de los delitos de sobornos descubiertos aguardan por sentencias en los Estados Unidos o permanecen detenidos en Suiza.

Dirigentes deportivos y políticos acusados de actos de corrupción, soborno y conspiración para defraudar. Centroamérica tampoco está inmune a esta realidad. Expresidentes, ministros y diputados se encuentran involucrados en procesos judiciales y cuestionamientos sobre la legalidad de sus acciones, ponen de manifiesto las dificultades por las que transitan nuestros países.

A pesar de esta realidad, recogemos en esta edición las experiencias positivas de empresas e iniciativas público privadas que realizan e incrementan sus programas de responsabilidad social o RSE. Proyectos centrados en derrotar la pobreza y brindar oportunidades a sus compatriotas. Iniciativas concretas de protección al medio ambiente y cumplimiento de los acuerdos relacionados con el cambio climático. A estas actividades se agregan los esfuerzos de transparencia y gobernanza que el sector privado emprende a través de la publicación de las memorias de sustentabilidad y códigos de gobernanza.

Finalmente, es destacable el esfuerzo de los Gobiernos que comprometen esfuerzos en aumentar la transparencia de las instituciones públicas, fortalecen las funciones policiales y legislan para prevenir acciones  que están comprometiendo el bienestar de los ciudadanos de cada país.